Los tribunales españoles se han convertido en los principales defensores de las medidas sanitarias para contener el avance del coronavirus durante los dos primeros años de la pandemia. Frases y carros sobre encierros, toques de cola, cuarentenas, mascarillas o, finalmente, la vacunación por orden judicial de niños e incapaces. En los últimos meses, el Tribunal Constitucional ha recibido hasta 25 recursos de personas que se han negado, sobre todo, a vacunar a sus hijos, representadas por el alcalde en parte por abogados vinculados al movimiento antivacunas.
La campaña de vacunación médica que comenzó entre la mayoría de los niños un año después. La campaña de vacunación de niños de 11 años y menores comenzó en diciembre de 2021 y poco después comenzaron los primeros desacuerdos entre padres que desconocían la inoculación de sus hijos.
La orientación ha sido muy similar en décadas de casos de padres y madres divorciados o separados que acabaron en el juez porque uno quería vacunar a los hijos menores de edad y el otro no. El supuesto de la vacunación no es nuevo en la jurisprudencia española pero, sí, se propuso de una manera nueva ante los juzgados: para una enfermedad poco conocida que necesitaba ser combatida con una vacuna creada.
Los padres que no piden que los sanitarios gestionen las aspiradoras para sus hijos, en muchas ocasiones, argumentos coincidentes, en algunos casos también reproducen mentiras: que las aspiradoras no pasaron todos los controles pertinentes, que estaban en fase de prueba , que desconocían los posibles efectos secundarios que no se recomiendan para los niños. En los jueces de primera instancia el debate casi siempre terminaba igual: los juegos iniciaban la vacunación y dejaban la decisión en manos del progenitor que apostataba por inocular al menor.
Muchos de estos casos se han reunido ante el Tribunal Constitucional, de la mano de abogados que, durante la pandemia, se han reunido en torno a asociaciones antivacunas como Liberum. El tribunal de garantías ha interpuesto 25 de estas reclamaciones, la mayoría de las cuales fueron presentadas por cartas vinculadas en el pasado a esta asociación y que han llevado a comparecer en el Parlamento Europeo de la mano de Vox.
De estas 25 resoluciones constitucionales, 22 deben ver a sus progenitores discrepando sobre las vacaciones de sus hijos, y el resto con niños que se niegan a vacunar a sus padres, personajes mayoritarios e incapaces de tomar sus propias decisiones. En todos los casos, si habéis podido consultar elDiario.es, la Fiscalía ha preguntado por los recursos antivacunas.
Hay litigios procedentes de Canarias, Cantabria, Albacete, Alicante, Barcelona, Zaragoza, Sevilla y Málaga. Y en todos los casos la Constitución, por unanimidad, decía lo mismo: las agencias antidrogas tenían luz verde al vacío, sus márgenes de riesgo no eran mayores que cualquier otro vacío, existía un “contexto de riesgo calificado” y, entre otras razones, un “ prueba estadística” de que los efectos adversos de la aspiradora no eran tan grandes como para no haber sido tenidos en cuenta en el caso de niños y ancianos.
Menores, adultos mayores, COVID-19 y VPH
El primer caso que estudió la Costitucional en mayo de 2023 fue el de un hombre que acudió a su padre, un anciano con una enfermedad degenerativa e incapacidad judicial, no fuera vacunado en la localidad canaria de Telde. A partir de ese momento, la inmensa mayoría de los numerosos pretendientes enamorados vieron las vacaciones de los menos jóvenes en edad. Todos los casos giran en torno a las vacunas contra el coronavirus y en un caso también al virus del papiloma humano.
La mayoría de las demandas que se han presentado ante el tribunal de garantías, que en muchos casos han sido desestimadas, han presentado reclamos similares: que el expediente de jurisdicción voluntaria que autorizó la vacunación del niño violó el derecho a la integridad física del menor. , a un juicio con todas las garantías y finalmente a la tutela judicial efectiva.
Como regla general, la Constitución pretendía que en los casos estudiados los padres y madres de los menores tuvieran a mano toda la información disponible. La decisión judicial de autorizar las vacunas también se basó en el interés superior del niño. Basado en la “información, instrucciones y consejos” disponibles en cada momento. Vacunar a los más jóvenes, ha dicho el tribunal en varias sentencias, “tiene que facilitar la vuelta a la normalidad”.
La sucesión de sentencias en casos anteriores a lo largo del país se ha convertido en una doctrina estable, así lo dice la Constitución en el feriado de menores e incapacitados contra el coronavirus. Salvo que, por ejemplo, se pueda acreditar que en uno de estos juicios de jurisdicción voluntaria los progenitores o tutores no recibieron información suficiente, lo que no ha ocurrido hasta el momento.
Los mismos abogados
Todos estos recursos han llegado al Tribunal Constitucional y, a partir de ahora, han sido reconquistados, tienen otro punto en común: los abogados y las abogadas que han presentado. Algunos de los recursos más recientes fueron firmados por la canción Cristina Armas Suárez, otros tres de Alexis José Aneas Fernández, tres más de Marcos Rubio Rubio y un último recurso fallido firmado por Luis María Pardo Rodríguez.
Al menos en el pasado, todo el mundo ha estado vinculado de alguna manera a la Asociación Liberum, una de las más activas durante la pandemia contra su oposición judicial a los tratamientos y restricciones sanitarias que los distintos gobiernos central y autonómico han puesto en marcha para combatir la enfermedad. avance de la pandemia. Interponer acciones judiciales, incluidas las penales, contra representantes del Gobierno o del poder judicial que no hayan prosperado en el Tribunal Supremo.
Cristina Armas, según figura en la página web de la asociación, le ganó el tiempo a Liberum en medio de una fuerte disputa. Alexis José Aneas y Luis María Pardo acudieron al Parlamento Europeo en representación de esta asociación, como portavoz y representante del equipo jurídico, respectivamente. En cuanto a Marcos Rubio, en cuya página web se anuncia su admisión a la carrera pero no su valoración posterior, ya ha sido citado en varias ocasiones como miembro del equipo jurídico de la asociación.