La brigada de la Guardia Civil acusada de confesar irregularidades en una grabación reconoció durante su declaración ante la Audiencia Nacional que el correspondiente equipo de investigación hasta el pasado veronés se saltó los mecanismos de coordinación creados por el Gobierno en medio de los errores que facilitaron la masacre yihadista del 11 de marzo de 2004. en los trenes de Atocha. Por su naturaleza, el comando de la institución armada explica ante el juez Pedraz que desconoce las bases de los datos combinados para evitar que la Policía Nacional “revise” sus operaciones, dando a entender que el otro cuerpo de seguridad se da cuenta de lo que investigan y abren a retener. a él.
El guardia civil está acusado de la misma causa ya que anteriormente actuó como investigador de un importante grupo de narcotráfico. En una grabación incorporada a la misma, la brigada Sergio B. le confía a una mujer las ilegalidades que provienen de su grupo durante las investigaciones, entre ellas el uso de dispositivos de vigilancia sin autorización judicial. La defensa de los casos de drogas cree que la verdadera razón por la que los guardias civiles no registraron sus avances en las bases de datos es que no estaban investigando los casos de drogas en octubre de 2020 y que, en retrospectiva, fabricaron seguimientos que no jamás había logrado. El objetivo final era ocultar el verdadero origen de la información que recogieron hasta que investigaran.