El grupo jurídico liderado por la abogada Odila Castillo Bonilla publicó un firme pronunciamiento el martes 1 de octubre, desmintiendo las acusaciones que han circulado últimamente en diferentes plataformas de comunicación en Panamá.
La defensa describió estas divulgaciones como agresiones maliciosas, impulsadas por intereses económicos específicos y concebidas para perjudicar tanto la imagen profesional como la vida privada de Castillo.
La defensa de Castillo sostiene que carece de base y que se están vulnerando derechos
Carlos Carrillo, parte del equipo legal de Castillo, manifestó que las acusaciones no tienen sustento y pretenden obstaculizar la trayectoria de la joven abogada y su socia. Indicó que tras estos ataques se encuentran intereses económicos encubiertos que buscan aprovecharse del deterioro de la imagen de Castillo.
La defensa subrayó que este no es el primer ataque mediático que sufre la abogada. Hicieron mención a un episodio parecido que tuvo lugar en 2021, cuando un medio panameño difundió información incorrecta sobre una supuesta detención de Castillo, la cual fue desmentida más adelante.
Información incompleta y transgresión de la confidencialidad
De acuerdo con el equipo legal, tanto las acusaciones presentes como las de 2021 se fundamentan en «verdades incompletas», distorsionadas con el fin de perjudicar la labor profesional de la abogada Odila Castillo. Además, denunciaron que la información divulgada infringe los principios de confidencialidad, puesto que parte de la investigación proviene de un proceso familiar ya cerrado.
Asimismo, se difundieron datos delicados como registros migratorios y declaraciones fiscales, información que, según la defensa, fue adquirida de manera ilegal.
Monitoreo ilegal y procesos legales en marcha
La defensa informó que Castillo ha sido objeto de seguimiento a través de GPS, lo que constituye una evidente violación de su privacidad y una forma de monitoreo ilegal. Carrillo aseguró que se han pisoteado los derechos fundamentales de su representada, protegidos por la Constitución y la legislación panameña.
Anunció que se emprenderán todas las acciones legales necesarias para determinar la responsabilidad por los daños causados y los que se pretendan causar. El equipo legal se muestra firme en su propósito de defender a Castillo y llevar ante la justicia a los responsables de esta campaña de desprestigio.