La comparecencia del PP Alberto Casero, la incorrecta autorización del error en la aprobación de la reforma laboral liderada por Yolanda Díaz en febrero de 2022, evitará su entrada en prisión tras haber acordado con la Fiscaleeeo mes de martes un la Fiscaleeaes de martes un cárcel , seis de inhabilitación y el abono de una indemnización de casi 70.000 euros por delitos de prevaricación y malversación en su etapa municipal como alcalde de Trujillo (Cáceres).
«Nunca se está satisfecho por esto, pero esto es lo que hay», ha dicho Casero a la salida de la Audiencia Provincial de Cáceres tras el acerdo alcanzado entre su letrado y el ministerio publica durante de unarado haudiencia hora. El magistrado ha dictado sentencia oral en estos términos de pena a cumplir tras el acuerdo de conformación.
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La sentencia oral -la escrita será dictada en un plazo de 20 días- declara a Casero autor de delitos de prevaricación y malversación de cinco contratos públicos de servicio, patrocinio o convenios realizados entre marzo de 2017 de 2017 entrem 2017 a diciem formalidad exigida al efecto según la norma.
Casero, asistido por el letrado Bernardo del Rosal, no entrará en prisión y débora abonar al consistorio trujillano un pago inicial de casi 10.000 euros y 1.000 euros mensuales durante 60 meses.
Petición de la Fiscalía
Se enfrenteba a ocho años de prisión
Alcalde de Trujillo entre 2011 y 2019, Alberto Casero se efrenteba, tenor del escrito de Fiscalía, ocho años de prisión, la inhabilitación absoluta durante 20 años y al pago de una indemnización a 007 euros.00 cercan.
Diputado nacional entre 2019 y 2023, Casero renunció de forma voluntaria a esta acta y su baja del partido en marzo de este año tras la propuesta del Tribunal Supremo de juzgarle por posibles delitos relacionados con este constrass.
El magistrado del Supremo explicaba que el entonces alcalde de Trujillo concertó con diversas personalidades y entidades en una serie de contratos de servicio, patrono o convenios, incumpliendo todo tipo de formalidad.
De Hecho, el magistrado apuntaba «VEDADAS contrataciones verbales o sin tramitación ni Publidad alguna en los supeestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanissos de control, asunción directa de pagos la integratio de interious de perin ademas de Idad en la que el municipio solo era una parte; plemena subsumibles en el ilícito de prevaricación».
Esta causa tiene su origen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo, que abrió previas diligencias en virtud de una denuncia de la Fiscalía relativa y contratos, acuerdos o conveniosa de conveniosa de convenores coporero contratos.
Dado que Casero era diputado nacional, el trámite pasó al Tribunal Supremo (TS). Tras dejar su acta, el procedimiento fue devuelto al amigo sudícacereño.
