Que la elaboración de una ley de amnistía es una cuestión mucho más política que de encaje jurídico quedó ayer bien claro en el debate celebrado en el Col.legi de l´Advocacia (Icab). Organizado para abordar este complejo debate desde la perspectiva “jurídica y académica”, los ponentes se fueron rápidamente al terreno político. La síndica Esther Giménez Salinas fue la primera, defendiendo una “amnistía restaurativa” en base a dos cuestiones principales. Que los beneficios superen a los perjuicios y que haya un máximo consenso entre las partes afectadas.
La síndica de Greuges intervino junto a Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional (UB) y director del Institut d´Estudis d´Autogovern, Mar Aguilera, profesora de Derecho Constitucional (UB) y Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal (URV). De forma resumida, los tres primeros se mostraron favorables con acentos diferentes a la elaboración de una ley de amnistía entendiendo que encaja en la Constitución. Quintero, en cambio, explicó que una ley de amnistía si es posible pero no en el caso que se plantea para los encausados por el procés . Porque, dijo, sería una ley ad personam , que pretende “obviar causas y condenas de forma subjetiva”. Podría ser otra cosa, “pero no una amnistía”.
Ridao confía en un pacto inteligente por ambas partes, Quintero cree que el ‘procés’ no encaja en una amnistía
La síndica defendió la idea de “amnistía restaurativa” entendiendo también que ésta no pone en cuestión las leyes, sino que se hace precisamente “porque es un conflicto social que no se puede resolver” con la legislación vigente. Es un olvido lleno de memoria, dijo citando unos versos de Mario Benedetti,
Ridao, por su parte, consideró que con la reforma del Código Penal para los delitos de sedición y malversación no se pusieron “unas condiciones de equidad para abordar un conflicto de naturaleza política”. Un escenario posible ahora que no choca “con el valor de justicia que recoge la Constitución”. Explicó que la elaboración de una ley de amnistía va a contemplar un juicio político sobre el pasado. Y se mostró confiado en que “seremos capaces de encontrar un punto medio, un relato inteligente de los hechos”. También apoyó la idea de la “amnistía restaurativa”.
La profesora Aguilera optó por un análisis de tono más jurídico, y explicó que “en principio” la amnistía sí que es posible dentro del marco constitucional. Hizo referencia a los múltiples tratados internacionales firmados por España que hacen referencia a los derechos humanos, recordó que el ordenamiento español defiende la inserción, y explicó que es diferente conceder la amnistía a alguien que ha dañado a otra persona que hacerlo en el caso de los encausados por el procés .
Fue el catedrático el que cambió este hilo conductor sobre la amnistía y su encaje constitucional. Quintero señaló que el Gobierno lo que busca es una “ley de alivio penal”. Según su análisis, una eventual ley de amnistía pensada para una serie determinada de personas obligará a los jueces a que se valore si se dan las condiciones. Un escenario complejo “ya que han muchos delitos que afectan a personas concretas”.
Un debate denso en el que también sobrevoló la unilateralidad. La elaboración de una ley de amnistía no contempla, dijo Ridao, esta cuestión porque “se da en un contexto muy amplio en el que se entiende que no se van a repetir los hechos”.
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