El único rechazo de Vox -empeñado en vincular inmigración con delincuencia y pobreza-, permitirá volver a considerar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 extranjeros en España. La aprobación, que tenderá a ser tardía, implica el inicio de la redacción oral del texto, que podría ser modificado a través de los amigos presentados por los grupos parlamentarios tanto en la vía de San Jerónimo como en el Senado.
En concreto, Sofía Acedo, del Grupo Parlamentario Popular, avanzó que el Gobierno podría tener «frente a la mente» y que, desde él, darán salida a este tiempo en consideración, «para que se acerque con responsabilidad». El PP ha protestado en los últimos días si la respuesta expresada por Cáritas al ILP favoreció que el Partido Popular levantara su veto a la propuesta.
Del lado socialista, Elisa Garrido tradujo que el PSOE votará a favor del ILP por el «respeto» que exige este procedimiento constitucional de participación directa de los ciudadanos en la política legislativa y porque cree que hay que «seguir avanzando los mecanismos que garanticen «procesos migratorios seguros».
El discurso más discordante de los últimos tiempos lo pronunció la representante de Vox, Rocío De Meer: «Exigimos que España sea España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Esto no es odio, ni xenofobia, ni racismo, es puro sentimiento común», aseguró además que el ILP es un «efecto llamado» que, en opinión del grupo ultranacionalista, daña a la sociedad por el aumento de «la delincuencia y la pobreza».
La propuesta fue evaluada por 900 organizaciones de migrantes, defensores de derechos humanos, entidades eclesiásticas y sindicatos
Gala Pin, de Sumar, pidió la regularización de los extranjeros «por la justicia social, porque ninguna persona es ilegal». Además, subrayó que, si el ILP asume el poder, «es un mandato» y «el Gobierno debe ponerle fin». “Por eso esperamos que pronto se cree un grupo con los diferentes ministerios involucrados y que tengan capacidades, para poder llevar a cabo esta iniciativa y el cumplimiento de este mandato”, agregó.
En el bloque del Sí también están el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Unida Podemos, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), EH Bildu, ERC y Junts.
700.000 firmas
En concreto, hasta 800 ONG se suman al proyecto ‘Esenciales’ para solicitar una regularización extraordinaria de aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que residían en España antes del 1 de noviembre de 2021. Para él, se han puesto en contacto con más de 700.000 empresas que responden a la iniciativa .
La iniciativa la tomó el llamamiento de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras PP y Vox parecían en contradicción y el PSOE insistió durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos. El ILP quedó registrado en el pasado legislativo del Congreso y cómo este se inició no diez años antes de que pararan las cámaras.
Seis regularizaciones en España
En España se han introducido seis normas migratorias extraordinarias, según Legalteam.
Entre 1991 y 1992 se llevó a cabo una regularización extraordinaria bajo el Gobierno socialista que benefició a 108.321. En 1996, con el PP a través de otro proceso de regularización extraordinaria, se obtuvieron documentos para 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron. En el año 2000 solicité la regularización de 244.327 extranjeros y solicité la documentación de 163.352.
En 2001 se llamó «regularización por arraigo» y entregó papeles a 239.174 inmigrantes de los más de 350.000 que lo solicitaron.
El último proceso extraordinario de regularización lo trajo al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, hace unos 20 años, en 2005, y en él se obtuvo la documentación de más de medio millón de migrantes.
