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La guerra de las máscaras ofreció escenas despiadadas. En marzo de 2020, las autoridades francesas solicitaron un envío de cuatro mil mascarillas a una empresa con destino a España e Italia, los países europeos más afectados por la pandemia. Así lo explicó en el seminario L’Express, que reconoció la impresión de los productores: “Nuestros interlocutores preguntan, necesitan urgentemente estas máscaras”. No fue el único caso ni mucho menos. Los políticos de cada país reaccionaron al principio basándose en la premisa del Sálvese quien pueda. Posteriormente acordarán la compra conjunta de vacunas y también una fórmula para financiar la recuperación económica.
El contexto es esencial para mejorar el proceso de toma de decisiones. Recuerdo que La Vanguardia, como otros medios de comunicación, está dirigido a emprendedores que aseguran tener acceso a material sanitario o soluciones imaginativas que aportar. El diario trata de canalizar estas ofrendas hacia una autoridad sanitaria totalmente irresuelta. El sentimiento que prevalecía en ese momento era que el cuestionario no se encontraba escuchando a las personas que estaban disponibles para aportar soluciones. Ahora bien, mirando el panorama que tenemos ante nosotros, es fácil pensar que a algunos les va bien, pero a los demás cuestionarios ya no estarán lejos de personajes famosos con ganancias de enriquecimiento o, simplemente, con la ayuda del protagonismo.
La pandemia ha traído lo mejor y lo peor de todos nosotros. La solidaridad más desarrollada se mezcló con los intereses más mezquinos. Nadie Hubiera entendió que los exhaustivos (y muchas veces desesperantes) controles administrativos se aplicaban a la compra de mascarillas, EPI o respiradores. Durante el estado de alarma, las exigencias para contrarrestar el aire. Y pensé que podría pescar algún pez sin reparos. Una vez superado el periodo de emergencia, el Ministerio de Sanidad puso en marcha un contrato para la compra de material por valor de 2.500 millones, por debajo de las condiciones y controles habituales de la administración, y con el fin de poder adquirir autonomía para adquirir estos productos a un precio más bajo. precio competitivo. La mayoría de las comunidades así lo hizo. Es el mismo procedimiento para usar con envases vacíos, por ejemplo.
La pandemia se puede gestionar mejor, pero la justicia no cree ahora que ningún político se haya dejado ir a prisión
En diciembre de 2020, el Tribunal Supremo decidió reunirse en una resolución única del medio centenario de denuncias presentadas a través de procesos penales contra Pedro Sánchez, sus ministros y presidentes autonómicos de todos los partidos. Los demandantes eran muy dispares, desde Vox hasta organizaciones familiares de los malhechores. La sala que preside Manuel Marchena decidió que un político responsable no puede ser penalmente responsable de todo en función de su jerarquía. Una persona, afirmó el Supremo, no puede ser acusada «por el mero hecho del cargo o de la carga que despliega en la organización, por muy alto que sea el mar». Sólo un número muy reducido de denuncias pendientes ante diferentes jueces. Incluso la Fiscalía de Madrid ha entendido que los polémicos protocolos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no prohíben a las personas mayores la entrada a las residencias en los Hospitales. La gestión podrá ser memorable, pero la justicia ha considerado hasta ahora que ningún simple político iría a prisión por ello.
En retrospectiva, los gobiernos y los tribunales de cuentas de las distintas autonomías han implementado (o tendrían que haberlo hecho) una respuesta a sus contratos durante la pandemia, especialmente cuando detectaron casos de fraude para poder solicitar compensaciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid fue víctima de una estafa que está siendo investigada en los juzgados por Luis Medina, hijo del Duque de Feria, y su socio, que vendieron material defectuoso a un precio desorbitado al Ayuntamiento aprobando el » «lasitud» en los controles de contrato» y la «urgencia» con la que era necesario, según explica el relato, que junto a las autoridades municipales, pese a que Medina recibía mejor trato por ser famoso y por lo que se registraban teléfonos e información hasta aquí puedes dirigir la oferta a través del primer herman del alcalde.
El caso de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, es similar anteriormente en cuanto al procedimiento, pero con una diferencia política sustancial, que consiste en que uno de los beneficiarios de las comisiones era un empleado de la administración. Aquí el presunto jefe de gabinete era el empresario Juan Carlos Cueto, pero cuando buscaba la manera de ofrecer sus servicios a la administración utilizó a un personaje, Koldo García, para la confianza del ministro. De ello es responsabilidad política de Ábalos, pero no haber sabido (o querido) dado que el colaborador que quedó casi a su sombra en el diario no era la persona adecuada para hacer alarde de cierto poder. Aunque hubiera recomendado a Santos Cerdán, como subrayó ayer, era donde había que evaluar su idoneidad.
El caso Koldo dejó abiertas muchas cuestiones políticas
Lo cierto es que el caso Koldo, que pesa sobre su pecho desde hace un partido, es una gran incógnita política. ¿Siguió el personaje al presentarse como un hombre del partido de varios ministros para hacer negocios incluso una vez que dejó el ministro?, ¿si otros dirigentes políticos le permitieron hacer más cosas?, ¿si Sánchez afirmó que el comportamiento de su ex ministro no era adecuado en el pasado (aunque se desconocieran los detalles) ¿y por eso el apartamento? ¿Qué pasará ahora con la diputada tránsfuga del PSOE?… Una cosa está clara. El PP pretende que el caso se difunda aún más. Incluso en ERC, en plena campaña electoral, se trata de proyectar sombras de sospecha sobre su principal rival, Salvador Illa.
Tanto el PSOE como el PP quieren abrir comisiones de investigación en el Congreso y el Senado para explotarlas a su favor, pidiendo a los líderes del otro partido que declaren y aprueben que el primero tiene el alcalde en la Cámara Baja y el segundo en la Alta. Cualquier signo de mejora en una desgracia como la pandemia de enriquecimiento personal debe ser investigado hasta el final, pero aplicar el ventilador en comisiones parlamentarias enviadas o lanzar acusaciones de brocha gorda pueden ser tácticas contraproducentes. En particular para la pregunta, el elector se desmoviliza con mayor facilidad. Así es la respuesta de «y tú más» en la que Sánchez entró como réplica a Feijóo. Cuando la mano de la defensa es tan ruda se ve obligada a despejar el terreno para que el elector, apresuradamente, se refugie en el clásico e injusto mantra del “son todos iguales”.
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