El difícil camino del catalán, el euskera y el gallego para consolidarse como lengua oficial en la Unión Europea

El pacto con Junts y ERC que hizo esta semana presidenta del Congreso a la socialista Francina Armengol incorporó una vieja reivindicación de las fuerzas nacionalistas: la petición a la Unión Europea de que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales y de trabajo en el ámbito comunitario. Es una iniciativa que daría a estas lenguas un estatus similar en Europa al que ahora tiene el castellano y las lenguas del resto de Estados miembros, pero que plantea dilemas por el complejo trámite administrativo que conlleva, las posibles resistencias de otros países que también tienen conflictos abiertos con sus idiomas domésticos y el fracaso de una petición semejante —aunque menos ambiciosa— realizada por España hace casi dos décadas, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 


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El cambio de estatus permitiría el empleo en las relaciones institucionales y la publicación en las tres lenguas cooficiales de los tratados y normas comunitarias, así como de todos los documentos internos y de trámite. Además, las sesiones de los órganos colegiados serían traducidas de forma simultánea también a estas tres lenguas. Se trata de un reconocimiento formal que se sumaría a la gran carga simbólica y al “prestigio y proyección” que adquirirán en Europa las lenguas cooficiales, según organizaciones como Plataforma per la Llengua, dedicada a la defensa del catalán, donde también consideran que abriría la vía para fomentar el etiquetado de productos en estas lenguas. 

Para que una lengua sea declarada oficial por la UE lo debe solicitar un gobierno de un Estado miembro de forma expresa y requiere una reforma del reglamento lingüístico comunitario que debe ser aprobada unánimemente por el Consejo, que es el principal órgano de decisión de la UE y donde están representados los Gobiernos de los Estados miembros. La solicitud fue realizada este mismo jueves a la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea —ahora, en manos de España— por el ministro de Exteriores en funciones, José Manuel Albares. 

En la carta, al que ha tenido acceso elDiario.es, figura una petición de “modificación” del citado reglamento para la “inclusión” del catalán, el euskera y el gallego “en el régimen lingüístico de la Unión Europea” que sugiere que la voluntad es que asimilen a las otras 24 lenguas oficiales y de trabajo que hay en la UE. El objetivo del Gobierno español es que el asunto se incluya en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el 19 de septiembre, en apenas un mes. 

Cambio en la posición del PSOE

Hasta ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había rechazado la posibilidad de hacer esta solicitud con el argumento de que “los tratados actualmente vigentes no lo permiten”, según afirmó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en respuesta a una pregunta parlamentaria en septiembre de 2021. Se refería Albares al precedente de 2004, bajo el Gobierno de Zapatero, cuando España trató de dar pasos para avanzar hacia el reconocimiento en la UE de las lenguas cooficiales. 

El memorándum enviado entonces a Bruselas pedía una “modificación” del reglamento en el que se establece el régimen lingüístico de las instituciones de la UE para lograr el “reconocimiento oficial en la Unión Europea de las lenguas españolas distintas del castellano que cuentan con estatuto oficial en España”. Y, en concreto, recogía que esa modificación debía permitir que los ciudadanos pudieran dirigirse en las lenguas cooficiales a las instituciones europeas; que se pudieran utilizar estas lenguas, previa petición, en los plenos del Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones; y que se tradujeran los acuerdos adoptados por codecisión del Consejo y del Parlamento Europeo, pero no todos los textos legales de la UE. 

Aquella fue una petición menos ambiciosa de la formulada ahora, pero fue rechazada. El argumento de la presidencia del Consejo, que entonces estaba en manos de Luxemburgo, fue que las lenguas cooficiales españolas no formaban parte del listado de lenguas “auténticas” del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (artículo 314) y que sólo se podía modificar el reglamento lingüístico “respetando” ese tratado, según recoge el documento fechado el 30 de mayo de 2005. El propio Albares afirmó en la citada intervención en el Congreso que “conseguir la oficialidad [en la UE del catalán, el euskera y el gallego] conllevaría una reforma de los tratados”. 

La carta enviada esta semana supone, por tanto, un cambio en la posición del PSOE en el marco de las negociaciones para la presidencia del Congreso y la hipotética investidura de Pedro Sánchez. Lo cierto es que el de las lenguas es un asunto complejo en la UE. De hecho, a pesar de que el multilingüismo es uno de sus principios fundacionales, los Estados miembros sólo se han puesto de acuerdo en una única ocasión para reformar el citado reglamento e incorporar un idioma sin tratarse de una nueva adhesión.

Es el caso del irlandés —el primer idioma oficial de Irlanda—, que pasó a ser considerado lengua oficial de la UE “a todos los efectos” en 2007, si bien su implementación real no llegó hasta 15 años después, en 2022. La reforma del reglamento incluyó “por razones prácticas” una especie de moratoria que se prorrogó hasta en dos ocasiones. Además, la diferencia con el catalán, el euskera y el gallego es el que el irlandés sí aparece en el listado de lenguas “auténticas” del tratado fundacional. 

La “ventana de oportunidad” de la presidencia

Con este precedente se abre el interrogante de qué hará ahora el Consejo de la UE, cuya presidencia está en manos de España hasta el próximo 31 de diciembre. Algunas fuentes jurídicas consultadas consideran que el asunto podría acabar incluso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde España podría pedir una aclaración para determinar si existe base legal para rechazar la petición en el caso de que se utilizara el argumento ya esgrimido en 2005. Otra opción es que se explorara la complicada vía de la reforma del tratado fundacional. 

En todo caso, el rechazo a la reforma del reglamento de 2005 no impidió que sí se fueran dando pasos hacia un mayor reconocimiento del catalán y el resto de lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias. Por ejemplo, los ciudadanos pueden comunicarse con la mayoría de las instituciones de la UE en esas lenguas y recibir respuestas en las mismas, aunque son traducciones que proporciona el Gobierno de España. Además, el Ejecutivo sufraga la interpretación —desde pero no hacia— el euskera y el catalán en determinadas formaciones del Consejo, así como en las reuniones plenarias del Comité de las Regiones. En la Comisión no está previsto el uso de las lenguas cooficiales españolas. 

Organizaciones como la Plataforma per la Llengua defienden que es el momento de acabar con el “estatus intermedio” logrado en la época de Zapatero y que la presidencia de turno española es una “gran ventana de oportunidad” para lograr la oficialidad total y que las lenguas cooficiales ganen “espacios de uso”. 

Además de su utilización en las instituciones comunitarias de manera normalizada, desde esta entidad consideran que la oficialidad podría tener implicaciones en cuestiones como el etiquetado en estas lenguas de los productos que se comercializan en sus respectivos territorios. Ocurre así porque el reglamento comunitario sobre información alimentaria establece que los productos deben ser etiquetados en una lengua que “comprendan fácilmente” los consumidores, lo que lleva a la mayoría de marcas a elegir el castellano; pero da margen a las autoridades competentes para “estipular” que esas etiquetas también se realicen en “una o más lenguas de entre las lenguas oficiales de la Unión Europea”. Son pasos que, de cualquier manera, parecen todavía lejanos dados los interrogantes abiertos tras la petición del Gobierno español.

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