El abad de Alberto González Amador, padre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, envió el 2 de febrero una carta electrónica a la Fiscalía Provincial de Madrid en la que reconocía la comisión de “dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021″, según información del PAÍS fuentes próximas al ministerio público. Su objetivo era llegar a un acuerdo para pagar la cantidad justa (350.951 euros más que los intereses del ciudadano) y reducir así la posibilidad de acabar en prisión y de pagar una multa, como suele ser más probable que el defraudado. Sin embargo, más de un mes después, cuando ya había ido más allá de que el empresario estaba acusado de dos delitos de defraudación fiscal y falsedad documental, Ayuso defendió la inocencia del intermediario y denunció la supuesta alianza «de todas las fincas del Estado» contra el comisionado. La Fiscalía de Madrid ha difundido esta mañana un comunicado oficial en el que confirma que el abogado del novio de Ayuso ofreció “un pacto de conformidad” al ministerio público, en el que reconocía a la autoridad fiscal “de dos delitos”, se comprometía a pagar el cantidades defraudadas, así como una “sanción penal”.
«No hay complot fáctico, no hay entidad societaria», afirmó el presidente regional durante un duro enfrentamiento en el que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber ordenado una investigación sin fundamento alguno para tocar la Caso Koldo y la aprobación de la ley de amnistía, así como destruirla políticamente. Sin embargo, cuando Ayuso actuó en defensa del hombre con quien convivía, hizo semanas en las que había sido admitido a través de su abogado los delitos que ella negaba.
Ésta es la secuencia de los hechos, según el informe de las fuentes consultadas por EL PAÍS, que recupera la versión de los hechos que difundió en torno a Ayuso, poniendo en duda la independencia del Ministerio Público en sus ejecuciones.
El 2 de febrero el abad de González lo envió a las 12.45 correo electrónico, tras el milagro de la Cadena SER, en el que propuso un pacto al Ministerio Fiscal reconociendo sus delitos y su voluntad de cumplir una sanción penal concreta, menos en dos grados a la que le correspondería. “Ciertamente, si han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, se leía al costado.
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El 12 de febrero, tras la reconstrucción de las deudas por parte de fuentes conocedoras de la investigación, las autoridades fiscales impugnaron la carta para confirmar que se había tocado la nota «de la voluntad de su cliente de reconocer las deudas y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas». que impidieron 350.951 euros, según los inspectores de Hacienda que denunciaron el caso.
Un mes después, el 12 de marzo, el fiscal impugnó electrónicamente la denuncia registrada el día 5 de este mes ante el abad de González Amador «para facilitar su derecho de defensa» y la reiteró, por si ya se la había comunicado el 12 de febrero. , que la existencia de otras cuatro personas denunciadas en este proceso no constituye obstáculo para que se pueda cometer cumplimiento penal.
La nota que circuló esta mañana de la Fiscalía Provincial de Madrid, titulada Declaraciones sobre la denuncia contra Alberto González Amador por delitos de defraudación fiscal y falsificación de documentos, confirma la oferta de trato del nuevo abogado de Isabel Díaz Ayuso. “El único pacto de conformidad, con reconocimiento de esos delitos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta el día de hoy es la propuesta de carta de D. Alberto González Amador al cargo fiscal del empleado del 2 de febrero de 2024″ , dice el comunicado, en el que se detallan cronológicamente las comunicaciones entre el letrado de la pareja de Ayuso y el Ministerio Público.
Según el artículo 305.6 del Código Penal, «los juzgados y tribunales podrán imponer al contribuyente o al autor del delito una pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de transcurrir dos meses desde la citación judicial como se le acusa, satisface la deuda». reconocimiento fiscal y judicial de aquellos». Dijo que, si bien la oferta para recibir un acuerdo (2 de febrero) fue anterior a la presentación de la denuncia ante la Fiscalía (13 de febrero, con registro el 5 de marzo), el pacto no se podría presentar de esta manera, por lo que Es el primer González que debe ser citado como sospechoso. Al momento de publicación de este artículo, el juez en el que recordó el caso aún no se había pronunciado al respecto.
¿Cómo llegué a este punto? Entre 2019 y 2020, Maxwell Cremona, la empresa sin empleados de González, multiplicó por seis sus ganancias. En plena pandemia, el comisario firmó numerosos contratos para conectar empresas capaces de obtener mascarillas o guantes con empresas que querían comprarlos. Así, por ejemplo, casi dos millones de euros ingresados en comisiones colaboró con FCS Select Products SL, empresa que, tras haber denunciado al PP de Madrid, que preside Díaz Ayuso, por sus contratos con la administración central (que superan los 263 millones) .
Para aprovechar estos ingresos, según los investigadores de Hacienda, empresas vinculadas al empresario presentaron 15 facturas ficticias de gas falsas por valor de 1,7 millones de euros. Dos de ellas llaman especialmente la atención de los inspectores, por estar radicadas en México y Costa de Marfil.
Así, la investigación descubrió que la empresa de González, Maxwell Cremona, se dedujo en 2020 un “impuesto por importe de 620.000 euros emitido por la empresa mexicana Mke Manufacturing SA (…) empresa que no realiza ningún servicio ni obra”. En 2021, Gayani Ltd, con sede en Costa de Marfil, permitió a la empresa del reclamado deducirse «ilegalmente» 922.585,63 euros. Estas dos entidades eran administradas por el mismo contratista de origen mexicano y no contaban con personal personal para realizar los trabajos facturados.
En consecuencia, los investigadores creen que las facturas se emiten «con el único fin de reducir el impuesto, deduciendo indebidamente el gas en virtud de facturas que no se corresponden con servicios efectivamente prestados».
Un vino para reconocer al emprendedor a través de su abogado cuando lo envió correo electrónico de 2 de febrero admitiendo la autoridad de “los delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021”. Un presunto intento de defraudar a la ciudadanía que Díaz Ayuso siguió negando más de un mes después.
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