El PP hizo su anuncio este domingo en las últimas conclusiones de la reunión que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo en Córdoba a lo largo del fin de semana con los líderes autonómicos del partido con responsabilidad gubernamental para redefinir la estrategia política del nuevo ciclo .
La retirada se concretó en la denominada Declaración de Córdoba, que incluye seis puntos a través de los cuales las autonomías gobernadas por el PP se declaran «con la Constitución, con España y contra la corrupción política y económica del PSOE».
Los dirigentes populares dicen ser conscientes del «grave momento que vive la nación» y de la «gran responsabilidad» que tiene el PP como partido más votado en las últimas elecciones generales y que están haciendo una reivindicación del modelo de Estado adoptado por la Constitución de 1978, que «es, por tanto, la mejor garantía de convivencia y prosperidad porque en ella reconocemos a la inmensa mayoría de los españoles».
Partiendo de esta premisa constitucionalista, el PP muestra su firme apoyo a que el actual Gobierno Central «ha sido elegido para vivir permanentemente extorsionado por el independentismo», que nunca antes había ostentado «tanta capacidad de influencia en el proyecto común» de millones del español, por lo que se considera que el país atraviesa uno de los momentos «más graves» de su historia.
También recibí al PP en el documento, como si hubiera hecho sin tregua desde el inicio de la legislatura, la ley de Amnistía, que los Feijóo se preparaban para la «corrupción política» y se acercaban a la «extrema debilidad» del PSOE, que si Le pongo un «chantaje» de Junts y ERC que le llevó a «consumir el ataque mayor por la derecha y por la derecha» mediante «una norma que incurre en la mentira y en una transacción corrupta que consiste en vender la aplicación de la ley a cambio de comprar votos».
En esta misma línea de asociación de la amnistía con la corrupción, el PP cree que el Ejecutivo debe dar explicaciones y señalar dimensiones del caso Koldo, que en el PP ya se denomina «caso PSOE», trama de la que se beneficia en el medio de la pandemia. En este sentido, el Partido Popular acusa al partido de Pedro Sánchez de «torpedear» la investigación judicial y apuesta por seguir denunciando en las instituciones y en los tribunales «cualquier derivada de esta profanación en el arco público, afectando a cualquier afectado».
Por otro lado, la Declaración de Córdoba también acusa al Ejecutivo de intentar desactivar el poder judicial con la ley de amnistía, lo que supone, en opinión del PP, «un ejercicio de autoritarismo incompatible con un sistema democrático».
El cuarto punto pide un vuelco de las instituciones que gestiona el PP para sus deseos: «La igualdad no es una opción, es un derecho de todos los españoles», indica el documento, que define que las comunidades y ciudades autónomas están en el estado , porque, de forma legítima, subraya, activará «al máximo» sus competencias para «preservar la igualdad y la solidaridad que están viendo menoscabadas».
«Consideramos inadmisible que el número de decisiones y el departamento de asuntos públicos se administren arbitrariamente según la necesidad parlamentaria del actual Gobierno, obviando los intereses generales. Gobernamos para el 70% de la población y, de acuerdo con esta responsabilidad, «El PP nunca va a desensibilizar los problemas que afectan a los españoles, que viven donde viven», señala la declaración, que pretende convocar inmediatamente la conferencia de presidentes para poder participar en la serie de decisiones que afectan a toda España.
Mientras este foro «amargamente» sigue sin reunirse, denuncia el PP, el Gobierno sigue ofreciendo un «cobro de transferencias unilaterales» y reuniones a la carta con sus miembros e incluso reuniones clandestinas fuera de la Unión Europea para negociar privilegios en nombre de todos los españoles», en referencia a las reuniones del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con los dirigentes de Junts en Bruselas y la mesa de negociación unida en Ginebra con un mediador salvadoreño.
«Expresamos nuestro desprecio por esta característica indeseable e inmoral que crean los ciudadanos del siglo I y II», concluye el PP, que debemos seguir reforzando el sistema autonómico y comprometernos a seguir «gestionando con eficacia y lealtad para construir cada rincón». de España una nación plural de ciudadanos libres e iguales».
Finalmente, el PP afirma «categóricamente» que el futuro de España corresponde ser decidido por todos los españoles: «Somos conscientes de la responsabilidad histórica que todo el PSOE, sin excepción de ninguna clase, está asumiendo el derecho a desmontar la ley de la impunidad como un ejercicio de reconciliación, que no es real, ni concretamente en Cataluña, ni en el conjunto de España».
«Más que la inmoralidad e ilegalidad del texto legislativo, su impulso deriva ya de la división de nuestro país en dos y de que el independentismo se siente impune para reaccionar ante sus propósitos de autodeterminación, como la fabricación pública», reiteró Nosotros. Condenamos que el socialismo facilita todo sin miedo”, concluye la Declaración de Córdoba.