el Supremo entierra su última querella masiva

La conocida como ‘sala del 61’ del Tribunal Supremo no se reúne muy a menudo. Lo hace, por ejemplo, cuando una querella se dirige contra tantos magistrados de una de sus salas que es imposible que ellos mismos puedan tomar una decisión. Es lo que acaba de suceder con una iniciativa penal del exjuez corrupto Fernando Presencia, recientemente enviado a prisión por la difusión masiva de informaciones y denuncias falsas sobre jueces, fiscales, periodistas y políticos: esta sala especial del Tribunal Supremo ha rechazado una querella en la que Presencia acusaba a toda la Sala de lo Penal del Supremo, a los jueces de Toledo y Talavera y a diversos funcionarios de difamarle, blanquear dinero en paraísos fiscales y prevaricar al condenarle o rechazar sus recursos.



La Audiencia Nacional envía a prisión al exjuez Presencia por sus masivas denuncias falsas

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Fernando Presencia fue juez en Talavera de la Reina hasta que dos condenas firmes de inhabilitación por favorecer a sus amigos en asuntos judiciales terminó con su carrera de magistrado. A partir de entonces dedicó sus esfuerzos a denunciar que había sido víctima de una conspiración perpetrada por jueces, fiscales y políticos que querían hacerle pagar sus denuncias de corrupción. Sus denuncias y querellas, como ha sucedido con esta última, nunca llegaron a nada y por el camino unió sus esfuerzos a los ultraderechistas Alberto y Santiago Royuela, impulsores de la teoría de la conspiración denominada ‘Expediente Royuela’ sobre corrupción, blanqueo de capitales y asesinatos de estado.

Su batería de denuncias, afirmaciones y acusaciones sin pruebas sobre cómo jueces, fiscales, políticos y periodistas han ordenado asesinatos o han escondido millones de euros en paraísos fiscales les han llevado a prisión provisional. Hace unas semanas la Audiencia Nacional envió a Presencia, a los Royuela y a Juan Martínez Grasa a la cárcel por insistir en la difusión masiva de estos bulos y denuncias, de manera personal o a través de la asociación ACODAP que el juez Joaquín Gadea considera una pantalla para buscar la impunidad al afirmar que no son más que denunciantes de corrupción cuando, en realidad, se enriquecen con el dinero que donan sus seguidores.

El exjuez, que minutos antes de ser enviado a prisión seguía afirmando dentro de la Audiencia Nacional que sigue siendo magistrado, ha perdido una nueva querella interpuesta a principios de año pero rechazada por el Tribunal Supremo y su sala especial pocos días después de entrar en prisión. Una querella contra varias decenas de personas que resumía buena parte de sus obsesiones en los últimos años: acusaba a los jueces del Supremo de injuriarle, a los funcionarios del Supremo y a jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y Castilla-La Mancha de conspirar contra él y a casi todos ellos de blanquear dinero en paraísos fiscales.

Acusaba a Manuel Marchena, toda la Sala de lo Penal del Supremo y varios funcionarios del alto tribunal de injurias y calumnias por un comunicado emitido hace un año y que marcó el principio del final de su carrera como difusor de bulos y denuncias falsas. En ese escrito Manuel Marchena denunciaba en nombre del resto de magistrados que Presencia y su asociación les acusaban sin pruebas y de estar causando un “irreversible daño” a la imagen de la Justicia.

Esa carta fue el primer paso de una denuncia y una causa judicial que la Audiencia Nacional abrió contra él y que, recientemente, le ha llevado, a prisión, y según el Supremo no hay nada de delictivo en ella. Manuel Marchena, destaca la ‘sala del 61’ del Tribunal Supremo, no le atribuía ningún delito en esa carta y se limitaba a denunciar unas declaraciones reales que Presencia hizo al canal ultra Estado de Alarma TV. Los jueces que le condenaron por difamar a un fiscal de Castilla-La Mancha tampoco prevaricaron. Y ni ellos ni el juez Gadea que le investiga o el fiscal que pidió prisión para él han blanqueado capitales.

Todos son, según el Supremo, afirmaciones y acusaciones “huérfanas de todo apunte probatorio” que no se dirigen sino contra las personas que le han perjudicado de alguna manera en sus pleitos en los últimos años. La querella y los múltiples recursos que Presencia, ACODAP y su abogado interpusieron desde febrero hasta este mes de julio quedan rechazados mientras él y sus colaboradores están en prisión provisional sin fianza. Sus alegaciones sobre ser un denunciante de corrupción amparado y protegido por la normativa europea también caen en saco roto.

El dinero para denunciar la corrupción

La nueva derrota de Presencia fue firmada por el Supremo poco después de que la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía, hiciese efectiva su entrada en prisión. No atendió los requerimientos de dejar de difundir las informaciones y denuncias falsas por las que estaba siendo investigado y, además, tuvo que ser detenido cuando fue llamado a declarar por última vez, lo que para el juez Gadea ilustraba su intención de “obstaculizar la labor judicial”. No ocultó su sorpresa el instructor porque Presencia, ante él, reivindicara que sigue siendo juez a pesar de haber sido expresamente expulsado de la carrera judicial por prevaricar: “Une a esta condición de magistrado un halo de impunidad, que se presenta especialmente incoherente con quien se encuentra frente a una Asociación que pretende luchar contra la corrupción”, decía su auto de prisión.

La causa gira en torno a sus denuncias, que el juez Gadea y sus víctimas consideran tan falsas como indiscriminadas, pero también en torno al dinero. Los miles de euros que, según la investigación, los seguidores de Presencia donaron a ACODAP pensando que contribuían a luchar contra la corrupción judicial, mediática y política que denunciaba. El juez cree que ese dinero, en realidad, fue a parar a los bolsillos de Presencia y sus colaboradores mientras usaban una plantilla de Word para crear y presentar sus denuncias.

Los informes aportados al caso por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejan que el exmagistrado tenía acceso o poder en 14 cuentas bancarias, gestionando a veces los ingresos a través de una cuenta en Lituania. Entre 2021 y 2022, en total, recaudó según el juez 185.707,98 euros. Presencia usó 22.500,92 euros para “gastos privados” con la tarjeta de crédito. Otros 11.730 euros salieron del cajero automático. Otros 27.200 euros fueron a parar a Alberto Royuela. Entre los imputados y beneficiados por estos ingresos hay, incluso, un policía nacional que pasó por la cárcel por encañonar a varios jóvenes en una pelea de bar.

La causa contra Presencia, los Royuela y el resto de colaboradores de ACODAP está, según dijo el juez en su auto, cerca del final y, por tanto, próxima a un hipotético juicio. No queda ni rastro de los canales de Telegram, YouTube o Twitter en los que difundían sus denuncias y acusaciones y pedían dinero. La acusación de Gadea sigue presidiendo las acusaciones: “La organización ACODAP no era más que un instrumento al servicio de un grupo de personas para la obtención de recursos con los que lucrarse, simulando que con ella se combatía contra la corrupción”.

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