Prestó dos años de atención administrativa a la seguridad social para que se le reconociera su incapacidad laboral permanente. Los problemas de columna que sufrió cuando era muy pequeño se convirtieron en un obstáculo para llevar una vida normal, hasta el punto de necesitar un bastón para caminar con una discapacidad reconocida por el 44%. La administración pública respondió a su petición, primero con una nota negativa y luego tuvo fuerzas para no impugnar las reclamaciones y ahora un juez le ha dado el derecho: todo en el que la seguridad social ha entendido que sus lesiones no eran lo suficientemente graves como para evitarlas. trabajo, los tribunales entienden que trabajar para esta mujer requeriría “un grado de sacrificio inhumano” para ella.
Presentó su primera denuncia en 2022. De hecho, la Comunidad de Madrid le había reconocido una discapacidad del 44%, sobre todo por las consecuencias de los problemas de columna que la habían sacado a relucir por primera vez con sólo 11 años.
A partir de ahora, los médicos que participaron en el pleito describen un rosario de dolores que irradia esta «importante patología de la columna» con un efecto directo en su movilidad: no se puede sentir durante mucho tiempo sin sentir dolor, tiene una Limitación “severa” en la movilidad del tronco y requiere bastón para caminar.
Todas estas limitaciones y dolores, según la documentación del caso, se han traducido también en una confusión ansioso-depresiva con “tristeza profunda, llanto, sentimiento de culpa e ideas autolíticas”. El término técnico para referirse a los pensamientos suicidas.
La Seguridad Social, que destina más de 900 millones de euros mensuales a este tipo de pensiones, rebatió un aspecto negativo. La Dirección Provincial de la Seguridad Social de Madrid reconoció su incapacidad permanente absoluta porque, según su criterio, sus lesiones «no alcanzan un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral». Su posterior solicitud de reclamación ya se ha topado con el silencio administrativo. Su petición: que se reconozca la incapacidad total para trabajar en su profesión o en cualquier otra, con pensión pactada.
Un proceso que, según explica elDiario.es, los colectivos de personas con discapacidad califican como un camino de trabas administrativas. El aspecto negativo o el silencio de la administración durante el dolor y la incapacidad para trabajar sigue estando durante el juicio, que mientras la sentencia sea firme se prolonga por años.
En este caso, la jueza de Social 28 de Madrid no tuvo dudas sobre esta mujer, no puede ejercer como administradora, pero ejerce cualquier actividad en cualquier otra profesión. «Lesiones crónicas que afectan a la persona incapacitada para cualquier actividad profesional remunerada, por cuenta propia o por cuenta propia, con un mínimo de profesionalidad, rendimiento y eficacia durante la jornada laboral, respetando un horario y cumpliendo las necesidades mínimas de continuidad», denuncia el juzgado.
La depresión que le sobreviene, una vez finalizado el partido, le impide “integrarse en un negocio” junto a su dolor crónico, que le cierra la puerta a una adaptación laboral. La única manera de conseguir que esta mujer trabaje, según la frase todavía recurrente, es «expresar un grado inhumano de sacrificio por parte del trabajador». El resultado es el reconocimiento de la incapacidad permanente en grado absoluto y una pensión que el Estado también deberá abonar con carácter retroactivo desde la fecha de la primera negativa de la Dirección Provincial de Madrid.
“Es una ruptura emocional importante”
Cristina Alonso es la abogada de Parrado Asesores que levantó las reuniones de este caso. En declaraciones a elDiario.es, la carta explica la complejidad de un caso en el que, en multitud de ocasiones, se las arregla con el silencio de la administración: “Es un desgaste emocional muy importante. Son personas que están enfermas y, además, llegan con el reto de tener que cuidar a profesionales y marcar una diferencia que nadie en el mundo puede hacer”, asegura.
Además, si es un «proceso largo» porque, explica la abogada, «hay muchas incertidumbres». Mientras mira la vista oral y a la hora de comparar el juego, revela a los clientes «si ponen muchos nervios, no quieren quedar jugosos».
No quieren ir porque ahí, por regla general, hay que escuchar la carta que representa la Seguridad Social y afirmar que sus dolores están permitidos trabajar. “Suponiendo que una persona esté bien capacitada para trabajar cuando su afectado está allí… puede en muchos casos no oír”, se queja Alonso.
El silencio de la administración a la hora de impugnar o no impugnar estas peticiones de incapacidad puede responder a muchos factores, pero el silencio es una respuesta «habitual» en el día a día de esta abogada. Y este silencio de la administración pública, en este caso la seguridad social, acaba con un efecto disuasorio.
“Están dando gestiones, cotizaciones para el tribunal médico, recibiendo una resolución… gracias a internet si puedes consultar los lugares, pero si no hazlo y si el lugar pasa, si produce el silencio administrativo y si esa persona No tiene atención que los profesionales ya no puedan reclamar y tenderá a empezar de nuevo, con el tiempo que haga falta”, explica Alonso en declaraciones a este periódico.
En el caso resuelto por un juzgado en las finales de marzo en Madrid, la carta de Parrado Asesores valora que la resolución es «un caso muy importante» aunque advierte que la Seguridad Social aún puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia. “Nadie suele conocer esta contundencia, son más escuetas, pero son numerosas las frases que han hablado de este esfuerzo heroico por el trabajo. No si puedes preguntarle a esta persona».
En este caso, entiende, se le “acredita” que su cliente “era absolutamente incompetente”. Los juegos afirman «intentar ver que todavía queda algún tipo de capacidad residual para algún tipo de profesión más liviana», pero en este caso pasan unas horas sentados en la misma postura que supone, según el juicio social, un «grado inhumano». “de sacrificio” para este fin administrativo.