La amnistía, una medida excepcional

La amnistía para borrar penalmente lo ocurrido durante el procés ha pasado de ser el elefante en la habitación a una opción cada vez más real y que ya nadie esconde.

Esta medida es una exigencia de los partidos independentistas ERC y Junts a Pedro Sánchez si este quiere ser investido de nuevo como presidente del gobierno.

Los juristas están saliendo a la palestra para debatir si sería constitucional aprobar una ley para desactivar todos los procesos penales abiertos en los últimos años vinculados al proceso independentista catalán, con un nombre propio, el de Carles Puigdemont.

La cuestión central de este debate es si la Constitución permite una aministía toda vez que prohíbe expresamente los indultos generales. Unos dicen que sí, otros dicen que no.

La referencia que se estudia es la ley de amnistía de 1977, aprobada como final de una etapa de dictadura en España. Esta norma se ratificó en pleno proceso democrático, un año antes incluso de la elaboración de la Constitución Española de 1978 y tres años antes de la constitución del propio Tribunal Constitucional (TC).

En la sentencia de 1986, el TC sostiene que es el legislador el que debe precisar el régimen jurídico del perdón

Sin embargo, a lo largo de los años 80, el tribunal sí tuvo que analizar varios recursos por las consecuencias de esta, principalmente en lo que se refiere a derechos laborales. Ya entonces, el TC hizo una aproximación de lo que fue la amnistía, su naturaleza, su propósito y sus consecuencias.

“La amnistía es una operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia, pretende eliminar, en el presente, las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa -en sentido amplio- que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político”, razonó en 1983 el tribunal compuesto en aquel momento por Jerónimo Arozamena, Francisco Rubio, Luis Díez-Picazo, Francisco Tomás y Valiente y Antonio Truyol.

Tres años después, en 1986, el órgano fue más allá y explicó que la ley de amnistía que se había aprobado unos años antes fue una “operación excepcional, propia del momento de consolidación de los nuevos valores a los que sirve”. Indicaban entonces los magistrados que el objetivo de esta ley fue crear un nuevo marco legal para que en la nueva realidad se recuperasen los valores de igualdad y justicia que se habían visto afectados con leyes injustas, propias de una dictadura. Así, dice literalmente que la amnistía supone “lo que se ha llamado por la doctrina ‘derogación retroactiva de normas’, haciendo desaparecer por completo las restricciones que sufrió el derecho o libertad afectado, con todas sus secuelas, con lo que puede decirse que el derecho revive con carácter retroactivo”.


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En el caso de esta sentencia de 1986, los magistrados participantes fueron Gloria Begué, Angel Latorre, Francisco Rubio, Luis Díez-Picazo , Antonio Truyol, Fernando García-Mon, Eugenio Díaz Eimil, Miguel Rodríguez-Piñero Jesús Leguina y Luis López Guerra.

El texto daba respuesta a varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por magistraturas del trabajo sobre una disposición adicional aprobada en 1984 sobre la ley de amnistía en la que se consideraba imprescriptible sus efectos a nivel laboral. El TC finalmente la anuló, pero no sin antes entrar en la esencia de la amnistía, a la que se definió como un “ejercicio de la facultad de gracia”.

La sentencia explica que según el artículo 62, punto i de la Constitución, se atribuye al jefe del Estado el ejercicio del derecho de gracia. Durante el debate, varios magistrados plantearon si debía ser el Rey el que debía acordar una amnistía. Sin embargo, en su fundamentación, el tribunal concluye que se debe prescindir “del hecho de que es erróneo razonar sobre el indulto y la amnistía como figuras cuya diferencia es meramente cuantitativa, pues se hallan entre sí en una relación de diferenciación cualitativa (…)”.

En 1983, el Tribunal Constitucional definió esta medida como la consecuencia de un nuevo orden político

En esta parte, el tribunal razona que debe ser el legislador el que debe precisar el régimen jurídico de la amnistía “pues no hay restricción constitucional directa sobre esta materia”.

Es precisamente este argumento al que se han agarrado aquellos que defienden que en el marco actual se podría volver a aprobar una nueva ley de amnistía para hacer borrón y cuenta nueva sobre los hechos del 2017 en Catalunya.

De hecho, en el 2021, los partidos independentistas catalanes presentaron en el Congreso de los Diputados una propuesta legislativa –que fue rechazada tras escuchar un informe de los letrados de la Cámara en el que nítidamente se oponían a la iniciativa– en la que hacía mención a estas dos sentencias para fijarse concretamente en lo que define que es potestad del legislador fijar este nuevo marco legal.

Ahí estaría la diferencia con los indultos, una medida de gracia concedida por el Gobierno y firmada por el Rey.

En 1986, la corte de garantías fue más allá y subrayó que la amnistía es una derogación retroactiva de leyes

Tanto Junts como ERC, y de acuerdo con lo dicho públicamente por sus líderes Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ya han expresado que para dar su voto expreso a Sánchez en una investidura una vez que fracase la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la primera condición, pero que no la única, será encarrilar la aprobación de una ley de amnistía antes de la eventual ratificación de Sánchez como presidente. Esta amnistía pasaría por archivar todos los procesos penales abiertos vinculados al procés .

Juristas consultados sopesan la viabilidad de la norma, y no por su constitucionalidad, sino por la argumentación que se ofrezca. Los independentistas quieren que se reconozca que han sido víctimas de una represión por parte del Estado español, que ha llevado a la cárcel a sus principales líderes por el delito de sedición. Además, quieren que se les reconozca que el referéndum del 1 de octubre del 2017 fue legal y formó parte de su derecho a decidir.

Asumir esto por parte del PSOE y Sumar sería reconocer que tanto Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo y otros juzgados que han instruido causas tomaron decisiones injustas o, más allá, que las leyes que regían y rigen actualmente lo son.

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