El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó ceder a Guinea Ecuatorial la competencia para investigar el presunto secuestro y desaparición de cuatro opositores a este régimen dictatorial, tras su incorporación. El País y así lo confirmó elDiario.es. El caso estaba dirigido contra el círculo de seguridad del presidente Teodoro Obiang: Carmelo Ovono Obiang, uno de sus hijos y secretario de Estado de Seguridad Exterior; Nicolás Obama Nchama, Ministro de Estado y responsable de Seguridad Interior; e Isaac Ngema Endo, director general de Seguridad Presidencial.
En un coche, Pedraz explica que recibió una comisión rogatoria de las autoridades de Guinea en el momento en que se producía el traspaso de competencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de Justicia de ese país para haber abierto un procedimiento por los mismos hechos y contra la misma gente en España. Y afirmo que «no hay duda» de que el proceso se abrió en ese país «adolezca de falta de parcialidad o se mera instrumental».
Para el juez, ante la comisión rogatoria y los imputados (calificados de secuestro con finalidad terrorista en relación con los delitos contra la libertad) «concurren los requisitos para que no puedan perseguir los delitos investigados en España y con ello el acceso a la cesión de jurisdicción ”. Con lo comentado en la solicitud de competencia enviada desde Guinea, “este instructor no puede suscitar dudas de si se trata de otras personas o de que el procedimiento adolece de falta de parcialidad o es meramente instrumental”, asegura. Y también que «no deben dudar» de que así es o de que el proceso concluye «con las debidas garantías reconocidas por el Departamento Internacional».
Del acto, indica Pedraz, no hay base para concluir, se afirma circunstancialmente, que sean muchos los cometidos en España de la forma en que la actividad delictiva se ha iniciado, al menos parcialmente, en nuestro país. A la luz de otras diligencias, afirma que sólo consta que fueron incautados en Sudán del Sur y transportados a Guinea Ecuatorial. Además, declaro que no está acreditado que los opositores fueran previamente investigados (con vigilancias o seguemientos en España) y por tanto convencidos de que fueran trasladados a Sudán, donde fueron apresados.
Sin embargo, os recuerdo que existe una cláusula de salvaguardia para que el juego pueda perseguir delitos en España cuando el Estado en el que ejerce su jurisdicción no esté dispuesto a completar la investigación o realmente no pueda hacerlo. Se trata de una cláusula que, en todo caso, debería llevarse a efecto elevando la declaración motivada al Tribunal Supremo una vez comprobado que no se han investigado casos en ese Estado.