Continuarán las exhumaciones de las víctimas de Cuelgamuros. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 ha acordado levantar las medidas cautelares que paralizaban esos trabajos acordadas el pasado 14 de diciembre. El juez tomó esta decisión de recibir bonos de Patrimonio Nacional, luego cumplió El País y confirman fuentes jurídicas a elDiario.es.
En la auto citación del 14 de diciembre, el magistrado estimó la petición de medidas cautelares contra la negación de una mujer que ingresó a la basílica y paralizó las obras para «profundizar en el conocimiento de la situación». Al tratarse de medidas cautelares, el juzgado dio la razón a ambas partes. Por ello, las fuentes tributarias aseguran que no participará «en absoluto» en esa decisión y que el aniversario volverá a surgir en el momento oportuno del proceso.
Este pleito nació en respuesta al pedido de atención médica urgente de una mujer, representada por Christian Abogados, cuyo hijo fue ingresado en la basílica del valle. Esta organización ultra de letrados asegura que las obras implican un «cierto grado de profanación» y que para que el ADN realizara pruebas a los restos mortales de las criptas «no pidieron consentimiento a los familiares». Encima de la tarjeta entiendes que eres vulnerable a tu derecho a la libertad religiosa.
En sus asociaciones, Patrimonio Nacional explicó que las obras se concentran en la Capilla del Sepulcro y que no tienen ningún afecto hacia el resto de personas como los familiares del solicitante, quienes se encuentran ubicados en otro lugar y devotamente identificados. informan las fuentes del Ministerio de Justicia. Política territorial y memoria democrática. Explicó, además, que debía certificar que eran capillas diferentes, hasta tener acceso a la capilla del Pilar y sus criptas.
Además, el equipo forense también indicó que “no tiene previsión de realizar ningún operativo forense a la altura de la Capilla del Pilar donde se reúne el resto del maltratador del recurrente”. En la esencia del Patrimonio Nacional, la paralización supone una «grave perturbación de los intereses generales y de los familiares de las personas incluidas en el Valle de Cuelgamuros que desean recuperar sus restos mortales».
El resto de 12 personas, los represaliados de Pajares de Adaja (Ávila) ya han sido identificados e involucrados en su familia. Estas víctimas se encuentran en el nivel 0 de la cripta del Santo Sepulcro, donde comienzan las obras. Según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ahora trabajo en el nivel 2.
Según la ministra, en este nivel nos encontramos con el alcalde de los restos de las víctimas de Zaragoza y Tarragona. Entre ellos se cree que está el padre de Manuel Lapeña, quien quebró a los 97 años en septiembre de 2021 con la esperanza de comenzar a trabajar. El deseo de recuperarse de su padre fue reconocido por la sentencia de 2016, una decisión que aunque dijo del «resultado inmediato» del resto, todavía está al borde de concretarse.
Esta decisión de la Audiencia Nacional se produjo después de que otro magistrado del mismo tribunal estudiara, con el rechazo de la Fiscalía, una petición similar. Además, recientemente un juez ordinario de Madrid anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para realizar los trabajos necesarios para la exhumación. Por ello, la Fiscalía se opone a la paralización de las exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura en el Valle de Caídos por considerar que podría suponer un «perjuicio al derecho de las víctimas a la verdad ya la reparación».
