La condena al ex conseller Buch añade trabas a la negociación PSOE-Junts

La Audiencia de Barcelona ha impuesto una dura condena al exconseller de Interior Miquel Buch por haber proporcionado un escolta al expresident Carles Puigdemont cuando ya se encontraba en Bélgica y sin estar autorizado para ello. La sentencia impone a Buch la pena de cuatro años y medio de cárcel como autor de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, y una inhabilitación para ejercer un cargo público durante los próximos 20 años. La severa sentencia se produce en un momento en que la investidura de Pedro Sánchez depende de los votos de Junts, el partido de Puigdemont –y también de Buch–, que se ha situado al frente de las conversaciones y ha exigido una amnistía para todas las personas afectadas en causas penales y civiles derivadas del procés .

El tribunal considera que el exmandatario quebrantó los deberes que imponía su cargo

Considera probado el tribunal que Buch fichó como asesor en materia de seguridad de forma arbitraria al sargento de los Mossos Lluís Escolà, –agente que ayudó a huir a Puigdemont a Bélgica tras la DUI– con el propósito de dar “cobertura remuneratoria a la función de protección personal y de seguridad” del expresident, pese a la falta de autorización para ello y con un sueldo de 52.712 euros. El tribunal también impone una pena de cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación al sargento. Buch censuró la rapidez con la que se ha escrito la sentencia y avanzó que apelará: “Recurriremos porque estoy convencido de lo que hicimos, y cualquiera que viera el juicio sabe que este resultado es injusto”; y denunció que “en solo un mes” ya hay escrita una sentencia de “más de 80 páginas”. “Da la sensación de que había mucha prisa para condenarme”, añadió Buch.

Los jueces señalan que el propio mosso hacía alarde en redes de que prestaba protección al expresident

La sentencia que efectivamente se ha escrito en un solo mes porque agosto es inhábil, justifica la imposición de duras penas contra Buch por haber quebrantado “los deberes y obligaciones propios del cargo que desempeñaba”. La Fiscalía pedía siete años de cárcel para Buch, y finalmente el tribunal le ha impuesto la pena en su mitad superior. Los hechos se remontan a junio del 2018 cuando tras el levantamiento del 155, Puigdemont solicitó las prerrogativas que le correspondían como expresident, entre las cuales había las de un servicio de escolta. El Ministerio del Interior, en manos de Grande-Marlaska, lo denegó al considerar que no se daban los requisitos habida cuenta de que el expresident estaba procesado por el 1-O. El conseller de Interior vehiculó las peticiones y ante la última negativa fichó al sargento Lluís Escolà como asesor.

El sargento, persona próxima al ex president, le prestaba servicios de protección en sus días libres, que iba encadenando de jornadas festivas y de vacaciones que acumulaba en los Mossos. La presencia del sargento en Waterloo no era ninguna sorpresa. Él mismo “hacía alarde” de su labor en varios tuits que recoge la sentencia. “41 semanas haciéndonos cargo del Muy Honorable President Carles Puigdemont. Mientras no sea legal, se hará legítimamente”, escribió. Durante el juicio, tanto Buch como Escolà, así como varios miembros de la cúpula de Interior, advirtieron que no podía considerarse que ejerciera de escolta porque no contaba con el equipamiento –pistola, defensa y chaleco antibalas– para ello. El tribunal responde que se puede hacer de escolta sin equipamiento y reprocha al agente que su actuación no puede estar al servicio de una causa privada ni a intereses partidistas”.

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