El Ministerio de Defensa ha aceptado la petición definitiva de libertad bajo fianza de la Guardia Civil contra un oficial de Vitoria que estuvo a cargo de su jefe directo durante más de un año y que no fue auxiliado por sus superiores cuando denunció la situación en cuyo amigo se encontraba su trabajo. El departamento que dirige Margarita Robles provoca su “incapacidad permanente” por la pérdida de condiciones psicofísicas en el acto de servicio como consecuencia de la experiencia laboral que sufrió, según la resolución a la que tuvo acceso elDiario.es. En consecuencia, el agente accederá a la pensión máxima, de 3.000 euros mensuales. El acosador fue condenado en la firma a un año de prisión y el Estado, a hacerse responsable de la indemnización de la víctima.
La resolución revisa la doctrina tanto de la Administración como de los tribunales que, por regla general, no califican como ocurridas en acto de servicio las situaciones de empleo -laboral o sexual- que se desarrollan en el ámbito laboral, según la información recibida . La consideración habitual es que el servicio no es el «productor» ni el «autorizador» de la compra y que ésta es atribuible como título individual a su autor, no a la institución.
De hecho, esta es la postura que se mantuvo en el expediente del director general de la Guardia Civil, que se mostró partidario de la declaración de incapacidad permanente pero «en acto de no servicio». Sin embargo, la asistencia jurídica del Ministerio de Defensa tuvo en este caso una relación de «causalidad directa» entre la confusión de los estados postraumáticos que padeció la víctima y los avatares del servicio prestado en la institución armada.
La resolución señala que la situación en Acoso fue «prolongada en el tiempo, persistente, desarrollada siempre en el seno de la Guardia Civil y en horario laboral». Y señala que fue la conducta del teniente -quien era su jefe directo- la que “desencadenó” su actual estado físico y psicológico. La víctima no tenía «predisposiciones raciales», era «particularmente psicovulnerable» y tuvo que sufrir los síntomas sola en medio del «trato denigrante» de su jefe inmediato, afirma. En el proceso judicial, los médicos certificaron que padecía un aturdimiento de ansiedad y depresión irreversible y no podía volver a ejercer como agente de la Guardia Civil.
Además, la resolución de la defensa recuerda que los tribunales dan crédito a que el superior de la víctima -un guardia civil con rango de capitán- era «conocedor» de la situación. El oficial le contó lo sucedido y le dijo un cambio de posición, pero este fue negativo, luego de recibir las sentencias correspondientes. La razón por la que lo hice fue que en su lugar necesitábamos gente con mucha experiencia y que en ese momento no tenía sustituto. Acepté prohibirle a la teniente salir con ella durante las inspecciones y me pidieron que me pusiera en contacto con ella especificando también que, fuera del trabajo, no tenía nada que decir.
“Control permanente” de tu vida
La situación se dio en 2016, cuando ambos estaban destinados a la Intervención de Armas y Explosivos en Victoria. Un año antes manteníamos una relación corta y larga de unos meses. Pero fue al coincidir con esa postura cuando se explicó que los juegos definían la forma unitaria como una «actividad de control permanente sobre la vida personal y profesional» a través de mensajes, llamadas y reuniones injustificadas en el mensaje del teniente. Todo esto a pesar de que ella le suplicaba que lo dejara en paz y lo tenía bloqueado en su celular.
El niño se estaba recuperando y no necesitaba ser atendido por sus superiores. De hecho, la implementación de la capitanía ha sido duramente criticada por los tribunales que examinaron el caso y tuvo como resultado la condena del Estado como subsidiario civil responsable. «La víctima fue detenida por su superior, el Jefe de la Intervención de Armas y Explosivo», afirmó el Tribunal Militar, que determinó que la situación de acoso prevalecía y nadie hizo nada hasta que la guardia civil le obligó a salir bajo fianza por depresión y ansiedad. Los médicos que examinaron a la víctima confirmaron a sus informantes que este error de control confirmó la situación.
El siguiente caso quedó a órdenes del capitán y posteriormente se contactó telefónicamente y personalmente con el agente. Incluido aprovechó días a quienes se sentaron al mando de la Intervención de Armas para acompañarla en las inspecciones que tienen en armerías y cartucherías y continuar con la cosa para que restablezca la relación con él. La investigación sobre el arresto no se inició antes de que los médicos del oficial informaran a sus superiores.
Las sentencias del caso también muestran cómo el teniente pretendía zafarse de su acto y cómo los superiores de la víctima no tuvieron ningún cuidado efectivo para atender la acción que estaba tomando el oficial. Efectivamente, el condenado reconoció episodios de violencia pero logró afirmar que “era de broma” o que “era un poco pesado” con algunas formas de enfrentamiento constante con la víctima.
Las pruebas y testimonios descartan por completo la versión del acosador. Un teniente coronel, por ejemplo, llegó a afirmar en esencia que cuando conoció el caso entendió que se trataba de una situación similar a una violencia de este tipo.» Varios compañeros de mando relataron episodios de amor y un oficial relató cómo acompañaba el auto con la víctima al salir del trabajo para evitar encontrarse solo con el acompañante.
Ahora bien, estos años, tras un largo trámite judicial, el Ministerio de Defensa concedió al agente la pensión máxima con el fin de establecer un vínculo entre el lugar en el que vivía y su trabajo como guardia civil.