La Fiscalía recurrirá el rechazo al recurso de Puigdemont y Comín y forzará a que se pronuncie el Pleno del Constitucional

La Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) recurrirá la decisión de la mayoría conservadora de la Sala de Vacaciones de inadmitir el recurso de amparo que presentó el expresident catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín contra la orden nacional de detención dictada por el Tribunal Supremo, lo que forzará el debate en el Pleno del órgano de garantías que, desde el pasado enero, cuenta con una mayoría progresista.


Una magistrada del Constitucional critica la “premura” para rechazar el recurso de Puigdemont sin esperar al Pleno

Una magistrada del Constitucional critica la “premura” para rechazar el recurso de Puigdemont sin esperar al Pleno

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El Constitucional ha inadmitido de plano el recurso de amparo presentado contra la orden de detención que dictó el Tribunal Supremo en su contra por los delitos de desobediencia y malversación. La decisión se ha tomado sin esperar al pleno gracias a los votos de dos magistrados conservadores: Concepción Espejel, que ejerce como presidenta y a la que Puigdemont intentó recusar por su cercanía con el PP, y César Tolosa. La progresista Laura Díez, que votó en contra, ha presentado un voto particular discrepante en el que critica la “premura” de esta decisión.

Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que el Ministerio Público actuará al entender, como sostiene Díez, que no había una urgencia que llevase a la Sala de Vacaciones a resolver la petición de suspender la orden de detención nacional contra Puigdemont y Comín. Los dos alegaron ante el Constitucional la vulneración de varios derechos fundamentales al entender que están protegidos por la inmunidad parlamentaria por su condición de eurodiputados.

En el auto dictado este miércoles los jueces sostienen que la Sección de Vacaciones sí es “competente” para resolver este recurso precisamente porque éste solicitaba la suspensión cautelar de una resolución judicial que acordaba la privación de libertad, a través de la citada orden nacional de detención. 

Es una tesis que la progresista Laura Díez rebate ampliamente en su voto particular, en el que defiende que no hay “ninguna circunstancia de especial urgencia en relación con la eventual concesión o denegación de medidas cautelares que justifique la actuación” de la Sala de Vacaciones. Y añade que no comparte la “premura” de decidir sobre un asunto que “bien pudiera haberse tramitado tras la pausa estival siguiendo el sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos en el Tribunal Constitucional”.

La Fiscalía comparte ese criterio y cree que no era un asunto que requiriese resolución fuera del Pleno del Constitucional que, cabe recordar, cuenta con una mayoría progresista desde el pasado enero, a diferencia de la Sala de Vacaciones que cuenta con una mayoría conservadora.

La decisión de los dos jueces conservadores se produce en un momento político complejo, cuando el PSOE se encuentra negociando una posible investidura de Pedro Sánchez que requiere el voto favorable de al menos algunos parlamentarios de Junts, la formación de Puigdemont. Fuentes del tribunal califican de “sorprendente” el hecho de que la decisión sobre este recurso se haya tomado en el mes de agosto y al margen del sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos. Esto es, sin elevarla al pleno donde el sector progresista sí tiene mayoría por primera vez en una década. 

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