El Consejo Fiscal de Sala decidirá qué postura se debe tomar ante el Tribunal Fiscal ante la demanda que Alberto González Amador, diputado de Isabel Díaz Ayuso y acusado de un fraude fiscal de 350.000 euros, interpuso contra la jefa fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, y al delincuente financiero Julián Salto por un delito de revelación de secretos mediante el envío de una nota informativa sobre su caso.
La fiscal María de la O Silva, quien debe decidir sobre este litigio, invocó el artículo 27 de su estatuto, que faculta a los miembros del Ministerio Público a votar en ocasiones dentro de parte de la cúpula el mandato de un superior si no está en sintonía con él, si adelantaba El Mundo y confirmaba elDiario.es. En este caso, da O Silva recibió el mandato de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, para solicitar su ingreso ya que no cometió delito en la declaración enviada a los medios. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, optó por abstenerse de este supuesto, por lo que el caso cayó en manos de su ‘número de dos’.
Por el contrario, el fiscal quiere que se haga una valoración previa antes de que el Ministerio Público se pronuncie sobre si admite o no esta denuncia. En concreto, pretende solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encargado de pronunciarse sobre el mismo, que solicite a la Fiscalía las comunicaciones mantenidas por los querellados entre ellos, con la superiora fiscal de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. y con el fiscal general, Álvaro García Ortiz.
El resultado del Consejo Fiscal de Sala no es vinculante para Sánchez Conde, que deberá decidir tras dirigirse al Consejo Fiscal si mantiene su criterio para solicitar la admisión de la denuncia. En este encuentro no participarán García Ortiz y José Luis Bueren Roncero, quienes se alegraron.
En su denuncia, la señora de la presidenta madrileña acusa a los dos fiscales de Madrid de haber difundido a través de una comunicación datos confidenciales sobre la correspondencia en la de su defensa, en busca de reconocimiento, ante las autoridades fiscales que habían cometido dos delitos fiscales. Pero esta declaración se publicó después de que el presidente del Consejo de Ministros de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, filtrara a través de varios medios una información falsa que fue publicada por varios de ellos: que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador y luego Lo frenó por orden de algún superior.
La Fiscalía Provincial de Madrid reaccionó con un comunicado en el que expresaba esta información y afirmaba que fue el abad de la pareja de Ayuso quien había comunicado vía correo electrónico al fiscal del caso en el que se había mostrado dispuesto a llegar a un acuerdo, reconociendo que «seguramente han cometido dos delitos contra la Hacienda pública». Tras haber publicado en elDiario.es, González Amador se asegura de la cuestión que ha abierto para pedir una apreciación porque parece que la presidenta de Madrid tendría que impedírselo. defensor como cualquier ciudadano y no porque hubiera cometido los delitos, como admitió el abogado en el correo electrónico.
