Las plataformas por el derecho a la vivienda alertan sobre las carencias de la nueva ley para impedir más desahucios

Solo en el primer trimestre del 2023 y únicamente en la Comunidad de Madrid se practicaron 661 desahucios, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el conjunto del Estado fueron 6.579. Se trata de una realidad que llevan lustros denunciando desde sindicatos y plataformas antidesahucios, que ahora ponen el foco sobre las fuerzas del Gobierno y algunos de sus aliados que la pasada legislatura no aprovecharon la redacción de la nueva ley de vivienda para acabar con esos lanzamientos.


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La norma aumentó progresivamente el límite del precio del alquiler y rebajó los requisitos para que los distintos gobiernos regionales y locales declaren una zona como tensionada. Pero sobre desahucios, la nueva ley se limitó a señalar que “se aplicará un sistema de arbitraje que propicie el tiempo necesario para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales y se habilita al juez a establecer plazos superiores”. Además, incluyó “nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años”, y estipuló “el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudiciales para las personas vulnerables”.

Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, explica que simplemente “se dan moratorias, se amplía el proceso de desahucio, o si consigues un informe de vulnerabilidad se puede suspender temporalmente” pero denuncia que “no se está poniendo una solución al problema”.

La Ley de Vivienda también prevé una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje, cuyo objetivo es dar tiempo suficiente a las administraciones para poder encontrar una solución habitacional. No obstante, este requisito se aplica solo a viviendas de grandes tenedores y, además, tiene que ser la vivienda habitual de la persona ocupante, que tiene que estar en situación de vulnerabilidad.

Laura Barrios, coordinadora de Vivienda de Madrid, defiende que en todo lo referido a los desahucios la norma “está sin desarrollar” y que lo que va a suceder con todos los procesos judiciales paralizados que pudieran acabar en lanzamientos es que “tarden cinco meses más”. Ella también califica la mediación como un “eufemismo”. “Entre un gran tenedor y una persona vulnerable no hay que mediar, hay que proteger”, advierte. Asimismo, Paco Morote, portavoz estatal de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), destaca la enorme desigualdad entre casero e inquilino: “La gente se siente muy débil frente al poderoso”. 

Coacciones de las inmobiliarias y desahucios invisibles

A todo ello hay que sumar el fenómeno de los llamados “desahucios invisibles”. La organización de consumidores FACUA presentó el pasado mes de junio una batería de denuncias contra una treintena de inmobiliarias que sorteaban la ley de vivienda haciendo pagar a sus inquilinos la cuota que se conoce como “honorarios”, que debe recaer ahora en los propietarios, “además de aquellas que directamente anuncian o comunican que el pago de estas gestiones debe hacerlas el futuro arrendatario están las que inventan nuevos conceptos”.

Se tratan de mentiras que utilizan las inmobiliarias para coaccionar a sus inquilinos. Se han multiplicado los casos de caseros no renuevan el contrato, suben mucho el alquiler o amenazan a sus inquilinos. Los sindicatos avisan: estos desahucios no se contabilizan, son casos sin judicializar y cada vez van a más. “Te estás yendo por una amenaza, porque te están cambiando las condiciones drásticamente. Judicialmente no es un desahucio, socialmente sí”, manifiesta Barrios.

Es lo que les pasó a varias vecinas de un inmueble de Alcorcón, en el sur de Madrid, que hace más de un año decidieron rebelarse ante los incrementos de hasta el 70% de los alquileres de sus casas, ahora propiedad de Blackstone, pero adquiridas hace años cuando eran de titularidad pública. Este ha sido un caso mediático, pero Racu afirma que la gran mayoría de inquilinas que se acercan al sindicato lo hacen por verse obligadas a mudarse forzosamente, un fenómeno que implica especialmente a grandes tenedores pero también a pequeños propietarios.

Con todo, los sindicatos coinciden en que ha habido “pequeñas mejoras” derivadas de la ley de la vivienda pero lamentan que sean “muy poco ambiciosas en relación con la necesidad y con lo que cabía esperar de un Gobierno progresista”, según apunta Morote. A su juicio, la cifra total de desahucios “no ha caído como debiera caer”.

Un nuevo Gobierno progresista “pero más ambicioso”

“Lo que ha hecho evidente el Gobierno progresista es que el enemigo del derecho a la vivienda, los grandes capitales que invierten en vivienda, son un monstruo mucho más grande de lo que podamos pensar”, expresa la coordinadora de Vivienda de Madrid. En el mismo sentido, Racu explica que lo que se ha plasmado en los últimos años es la “enorme guerra mediática que se ha hecho contra el movimiento de la vivienda”. La portavoz del sindicato de Inquilinas de Madrid apunta a la patronal inmobiliaria, las empresas de seguridad y los medios generalistas “que lo que han hecho ha sido crear un gran miedo al okupa”, han tergiversado “lo que es una ocupación o cuán grande es ese problema”.

Por su parte, Morote habla de los casi cuatro millones de inmuebles vacíos en España –solo en Madrid se superan las 97.100– y reivindica que lo que se tiene que hacer es “invertir en la expropiación de las viviendas que están en desuso y que se introdujeran en el mercado del alquiler asequible” porque “generaría una rebaja generalizada de los precios del alquiler”.

La vivienda pública en España representa el 2,5% del parque de viviendas en comparación con el 9,3% de la media en la Unión Europea. Por eso, el portavoz estatal de la PAH pide la reedición del Gobierno progresista pero “con una posición más ambiciosa” y que la ley de vivienda sea de aplicación estatal. “Desde la PAH planteamos que es necesario que haya un Gobierno progresista más ambicioso que el anterior y empiece por reformar la ley para hacerla de aplicación en el conjunto del Estado”.

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