Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial propuestos en su día por el PP han solicitado a si presidente Vicente Guilarte la celebración de un pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato se halla caducado desde hace casi cinco años, para pronunciarse sobre la ley de amnistía que previsiblemente se registrará más pronto que tarde en el Congreso para las personas afectadas por causas penales y civiles derivadas del procés.
Los consejeros Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, nombrados todos a propuesta del Partido Popular, han pedido la celebración del pleno para debatir sobre una declaración institucional donde se califica la amnistía de medida con efectos de «degradación» para el país y «cuando no de abolición del Estado de Derecho en España».
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«El Consejo General del Poder Judicial expresa con esta declaración su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España», señala el texto de la declaración.
En el escrito subrayan que el CGPJ «ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado».
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