La colaboración reciente entre dos importantes compañías de seguros para edificar hospitales ha generado discusión sobre su posible efecto en la competencia del sector salud. La Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha enviado un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidiendo que se evalúe este acuerdo por una potencial posición dominante. Esta circunstancia ha centrado el debate en la regulación, la estructura de mercado y los impactos de estas asociaciones en la industria sanitaria.
Las dos compañías de seguros en cuestión han informado sobre la construcción de un hospital en Palma de Mallorca, denominado Hospital Portitxol, y otro en Barcelona. Según apunta ASPE, estas iniciativas deberían obtener la autorización previa de la CNMC, ya que ambas empresas exceden los límites fijados en la normativa de competencia debido a su volumen de negocio. Asimismo, ASPE subraya que estas aseguradoras forman parte de los cinco principales actores en el sector de seguros de salud en España. Juntas, estas cinco empresas aglutinan el 71 % del mercado, lo que subraya la importancia de una vigilancia más rigurosa.
Las dos aseguradoras en cuestión han anunciado la construcción de un hospital en Palma de Mallorca, conocido como Hospital Portitxol, y otro en Barcelona. Según ASPE, dichas operaciones deberían estar sujetas a la autorización previa de la CNMC, ya que ambas empresas superan los umbrales establecidos en la normativa de competencia por volumen de negocio. Además, ASPE señala que estas aseguradoras son dos de los cinco principales operadores del sector de seguros sanitarios en España. En conjunto, estas cinco compañías concentran el 71 % del mercado, lo que refuerza la necesidad de una supervisión más estricta.
Hoy en día, el sector de los seguros de salud en España presenta una alta concentración. Una de las aseguradoras implicadas está en el segundo puesto en términos de cuota de mercado, con entre un 20 % y un 30 %, mientras que la otra ocupa la cuarta posición con cerca de un 10 %. Este grado de concentración ha hecho que ASPE alerte sobre los posibles peligros de que estas compañías ejerzan una influencia desmedida en la industria.
Por otro lado, las compañías aseguradoras han manifestado que sus proyectos se ajustan a las normativas de competencia y que las operaciones fueron notificadas a la CNMC antes de ser anunciadas públicamente. Sostienen que los hospitales que se levantarán brindarán servicios a pacientes de todas las aseguradoras, además de atender a aquellos privados. También resaltan que estos proyectos se centran en áreas con poca dotación asistencial, como Palma y Barcelona, lo que ayudará a incrementar la oferta de atención médica en esas localidades.
El centro hospitalario en Palma de Mallorca tendrá más de 15,000 metros cuadrados y se llevará a cabo con la colaboración de Azora, que será la dueña del edificio. Las compañías de seguros administrarán el hospital bajo un contrato de arrendamiento, con una inversión total que supera los 63 millones de euros. Se espera que el hospital comience a operar en 2029.
Indagación por conductas anticompetitivas
Simultáneamente, la CNMC ha iniciado un expediente para investigar a una de las aseguradoras debido a un acuerdo establecido con otra firma del sector, vinculado a la gestión de servicios asistenciales y el pago a hospitales. De acuerdo con la información disponible, este convenio podría haber causado una reducción en las compensaciones a los centros de salud, lo que ha generado preocupaciones en el sector. Específicamente, las denuncias indican que desde que se implementó en enero de 2023, las compensaciones han disminuido en un promedio del 20 %.
Paralelamente a esta situación, la CNMC ha abierto un expediente para investigar a una de las aseguradoras por un acuerdo firmado con otra compañía del sector, relacionado con la gestión de servicios asistenciales y el pago a centros hospitalarios. Según la información disponible, este acuerdo podría haber provocado una reducción en las remuneraciones a los centros sanitarios, lo que ha generado inquietud en el sector. En concreto, las denuncias señalan que desde su entrada en vigor en enero de 2023, las remuneraciones han disminuido en un promedio del 20 %.
ASPE, que presentó la denuncia inicial, ha señalado que estos acuerdos podrían estar vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia, al establecer condiciones unilaterales que afectan negativamente a los operadores de la sanidad privada.
