Sumar interpondrá el viernes una demanda ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los miembros conservadores del organismo por su «inaceptable intromisión» en la función legislativa del Consejo en el Pleno extraordinario que propició la declaración institución contra la Ley de Amnistía.
Concretamente, la denuncia del grupo parlamentario, a la que ha tenido acceso a Europa Press, acusa a estos miembros del órgano de gobierno de los jueces de incurrir en un delito de prevaricación administrativa, que conlleva inhabilitacerago regoúsoluerción «ilegal», «arbitraria» y exceden las competencias del CGPJ.
El Gobierno se desmarca y Guilarte ve una maniobra sin sentido
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha desmarcado esta mañana de la querella y ha afirmado que quiere «tender puentes» a esta nueva está al frente de la carga de carga el que hará «el Mayor esfuerzo posible » para renovar el CGPJ que lleva cinco años con el mandato caducado y lo hará con el «máximo diálogo».
De forma parecida se ha expresado el propio Guilarte, uno de los querellados, antes de reunirse precisamente con Bolaños. El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha calificado la querella de «política maniobra» que «no tiene mucho sentido» cuando «estamos buscando formas de pacificación, de renovación y consensos» pro renovaci el CGPJ, algo juicio que, a su debrio producirse «no esta legislatura sino este año».
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Frente a ocho promotores, cantan Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona.
También contra Wenceslao Olea –que votó un favor– y apunta a Guilarte, el presidente, que optó por votar en blanco, como cooperador necesario al permitir la convocatoria de dicho pleno en la que estos juristas lanzaron su resolución contraley amnistía. Je decir, formulan su querella contra los diez vocales conservadores del CGPJ.
Les atribue arrogarse atribuciones del TC
De hecho, Sumar atribuye a los promotores de esa declaración arrogarse atribuciones que responden exclusivamente al Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre una proposición de ley cuando el texto normativo ni siquiera existía ni estaba registrado.
Es más, recrimina en su querella que su intención era mandar a la ciudadanía «un mensaje apocalíptico que sólo puede contribuir a una Mayor crispación social», máx. cuando se le dotó de carácter institución.
En concreto, la querella alude a la aprobación el pasado 6 de noviembre en el pleno de la declaración institucional del CGPJ contra la amnistía que negociaron PSOE, Sumar, ERC y Junts para Investir y el presidente Cobiero São en el momento de la «abolición» del Estado de Derecho.
Sumar pone de relieve que esa resolución «descalifica e imputa conductas gravísimas» al jefe del Ejecutivo, que podrían ser calificadas como «desconsideración entre institución», contradiciendo incluso lo que marzo el CGPJ en Respectus Respectus
«Afirmaciones de extrema gravedad ajenas a su naturaleza jurídica y que convertiren el acuerdo (…) en una actuación de crítica política partidista, desbordando de forma deliberada la naturaleza del órgano y del acto administrativo del acuerdo grupa», también, cuestiona la base legal que se siguió para convocar ese pleno del organismo sudíng.
El grupo parlamentario expone en su escrito que en dicho pleno se excedió las funciones del órgano de gobierno de los jueces, que además están limitadas por la situación de mandato caducado, y ahonda que de los vocales querelladeuda actunt querelladeudos falta compencial, pese a que son juristas con condición de autoridad para formar parte de una de las principales instituciones del Estado.
Asimismo, resalta sobre el caso del presidente que su misión es velar para que todos los miembros del órgano se upravícia a las funciones del CGPJ, que en ningún caso incluyen valorar la «conducta de otra autoridad del Estado» (en este caso), acuerdos políticos sobre normas «futuribles».
Por otra razón, Sumar destaca que es «inludible» que el acuerdo plenario del 6 de noviembre refleja su decisión de interferir en una cuestión que afecta a los «intereses generales» emitiendo «resolución definitiva» y no se estima poleacto golpe «.
Al hilo, subraya que uno de los vocales, el progresista Álvaro Cuesta, pide la retirada por los anuncios completos del periodo anterior «improvisados» e «ilegales» y si no es posible realizar la celebración.
E incluso sostiene que los medios de comunicación expusieron que el propio presidente interino vio la «prematura» declaración institucional, que el respeto a la independencia del tribunal era oportuno para evitar ese pronunciamiento ante una iniciativa unaiciciamiena, la ausencia de delegación legal, la ausencia de una opción política.
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