Un juicio televisado y sin indultos en el horizonte: por qué la cuarta imputación de Trump es distinta de las anteriores | Internacional

Donald Trump se enfrenta a una investigación —otra más— que le llevará al banquillo de los acusados. El caso sobre los intentos de manipular el resultado de las elecciones presidenciales en el Estado de Georgia en 2020 es el más detallado y extenso de las cuatro imputaciones del expresidente de Estados Unidos. Esta nueva incriminación, que se anunció la noche del lunes, puede convertirse en la más espectacular. A diferencia de los juicios federales o los de Nueva York, la ley de Georgia prevé que, salvo contadas excepciones, sus audiencias sean televisadas. Algo que abre la perspectiva de ver a Trump —la persona mejor situada para ser el candidato republicano a la Casa Blanca— y sus colaboradores en el banquillo de los acusados en plena campaña electoral de 2024.

Los nuevos cargos hacen que el antiguo mandatario ya acumule casi un centenar de ellos, 91 exactamente, en sus diversos casos en torno a su presidencia. Los delitos que se le imputan abarcan desde la falsificación de documentos contables a la violación de la ley de espionaje. En caso de ser declarado culpable en todos ellos afrontaría decenas de años de cárcel.

Georgia le puede salir muy cara a Donald Trump. De todos los Estados que en noviembre de 2020 adjudicaron la presidencia de Estados Unidos a Joe Biden, la derrota en este fue la que más dolió al expresidente. Por su mínimo margen —menos de 12.000 votos— y porque la derrota ocurrió en un Estado que siempre había votado republicano en los últimos 30 años. Sus presiones, y las de su equipo, para dar la vuelta a los resultados fueron especialmente intensas y dejaron abundantes huellas, según se desprende del minucioso pliego de cargos que ha presentado la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, tras dos años y medio de investigación.

Willis ha combinado esas huellas para utilizar contra los 19 acusados la versión estatal de una de las herramientas legales más duras de que disponen los fiscales en Estados Unidos: la ley contra la delincuencia organizada y asociaciones corruptas, conocida como RICO por sus siglas en inglés. Se trata de una norma concebida para luchar contra la mafia y otros grupos criminales y que impone largas penas de prisión: quienes son declarados culpables de violarla afrontan un mínimo de cinco años de cárcel. El máximo son 20.

La ironía de Giuliani

Una de las ironías en este caso es que uno de los acusados, el abogado personal de Trump y exalcalde de Nueva York Rudi Giuliani, se labró su fama como letrado implacable recurriendo con frecuencia a RICO cuando era fiscal de la metrópoli.

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La fiscal de Georgia, considerada también especialista en RICO, ha acusado a los 19 imputados de formar un grupo mafioso, una “asociación delictiva”, para mantener a Trump en la Casa Blanca. “Trump y el resto de los defensores acusados en este pliego rechazaron aceptar que Trump perdió y, a sabiendas y voluntariamente, se sumaron a una conspiración para cambiar de manera ilegal el resultado de las elecciones en favor de Trump”, indica el documento de imputación. Es un paso más allá que el planteado por el fiscal especial Jack Smith en su imputación por intento de manipular las elecciones a nivel federal: aunque alude a otros colaboradores, a los que no nombra, el único acusado en su pliego de cargos es el expresidente.

“En lugar de respetar el proceso legal de Georgia para disputar los resultados electorales, los acusados se implicaron en una asociación delictiva para cambiar los resultados”, declaraba Willis cerca de la medianoche del lunes, después de que se hiciera público el escrito de acusación.

Que el caso tenga lugar en el Estado sureño también acarrea posibles complicaciones para Trump en el futuro. El actual candidato presidencial ha apuntado la posibilidad de emitir un autoindulto para sus causas judiciales si llega a la Casa Blanca. Como presidente, también podría nombrar a un fiscal general —el equivalente en EE UU al ministro de Justicia— que cerrara las causas federales abiertas. Pero la ley bloquea ambas posibilidades en Georgia: el fiscal general federal no tiene competencias sobre los casos estatales. Los presidentes no pueden indultar en casos estatales. Es algo que corresponde generalmente al gobernador, como ocurre en Nueva York, donde Trump está imputado por falsificación contable. Pero la ley de Georgia impide que un gobernador conceda un perdón. Ese tipo de medidas solo puede tomarlas un comité de juristas.

Trump y el resto de los acusados tienen ahora hasta el viernes 25 de agosto a mediodía (las 19.00 en España) para presentarse ante el tribunal y asistir a una audiencia en la que se les leerán los cargos para que puedan declararse culpables o no. El caso se ha asignado al juez Scott McAfee, un nombramiento reciente del gobernador republicano Brian Kemp: apenas lleva seis meses en el puesto. Mark Meadows, uno de los imputados y antiguo jefe de Gabinete en la Casa Blanca, ha pedido el traslado de su caso al circuito federal, con la esperanza de que esos jueces decidan archivarlo.

Sin trato especial

Se desconoce aún si esa primera vista llegaría a televisarse o si se prevé algún tipo de medida especial para el expresidente y sus colaboradores. En los casos precedentes se le eximió de comparecer esposado o de tomarle la foto de los fichados. Pero el shérif del distrito de Fulton, Patrick Labat, había indicado con anterioridad que no contemplaba otorgar un trato especial a ninguno de los detenidos.

Ya antes de que se conocieran los términos de su imputación, Trump arremetió contra la fiscal Willis. Es una táctica, la de cargar contra los letrados que le acusan, que ha empleado sistemáticamente en cada uno de sus casos legales. Este martes ha repetido sus críticas, al calificar el nuevo proceso de “caza de brujas” con el único propósito de impedir su vuelta a la Casa Blanca.

También ha convocado una rueda de prensa para el próximo lunes en la que promete presentar un informe que —asegura— demostrará sus denuncias de que en noviembre de 2020 se produjo un grave fraude electoral.

“Nunca fueron a por aquellos que manipularon las elecciones. ¡Solo fueron a por aquellos que lucharon para encontrar a los MANIPULADORES!”, escribía el candidato presidencial en su red social, Truth. Giuliani, por su parte, ha acusado a la Fiscalía de ser “los verdaderos delincuentes”.

Hasta el momento, los rivales de Trump por la candidatura republicana en las presidenciales del año próximo han optado en su mayoría por un cauto silencio. El exgobernador Chris Christie, muy crítico contra el expresidente, se ha limitado a considerar que la nueva imputación es “innecesaria”, puesto que se solapa con la que ya ha presentado el fiscal especial Jack Smith por intentos de anular las elecciones de 2020 en todo el país. Por su parte, el aspirante Vikram Ramaswamy, que en varias ocasiones ha insistido en que de ganar las elecciones indultaría a Trump, ha denunciado que el nuevo caso demuestra la existencia de un “Estado policial”.

La fiscal Willis abrió la investigación después de que saliera a la luz una conversación telefónica grabada en la que Trump le pedía el 2 de enero de 2021 al secretario de estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, “encontrar” 11.780 votos, uno más que los que Biden obtuvo de ventaja en ese estado. El pliego de cargos documenta esa conversación entre toda una gama de intentos descabellados para mantener al magnate en el poder.

Entre ellos se encontraba un plan para reemplazar a los electores que debían representar a Georgia para votar a favor de Joe Biden, el ganador en el estado, en el acto de certificación oficial de los resultados electorales en el Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021. La idea era enviar un grupo alternativo que votara a favor de Trump y forzar que el vicepresidente Mike Pence, al frente de la ceremonia, reconociera esos votos como legítimos. Otros intentos incluyen presiones contra funcionarios electorales, desde las llamadas a Raffensperger -el máximo responsable de la gestión de los comicios en el estado- al acoso a personal de base que participaba en el recuento.

el acceso ilegal a las máquinas de votación electrónica en el condado de Coffee, de mayoría republicana, para intentar acceder a los datos de los votantes. También presion

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